Una de las actuaciones que también cumple con habitualidad el Notario está constituida por la recepción de instrucciones en relación a ciertos actos o contratos que se llevan a efecto ante él y la subsecuente custodia de documentos o valores.

Esta materia no tiene una reglamentación precisa que norme sus alcances, lo cual trae aparejado una serie de complicaciones a veces al notario o a las partes mismas. Todo ello implica que en definitiva sea esta una práctica de difícil aplicación y no exenta de riesgos, especialmente para el Notario, quien, como veremos y se ha resuelto por los tribunales, es en último término el único llamado a cumplirlas.

La “Instrucción al Notario”, es una manifestación de voluntad que en un instrumento, normalmente aparte a una escritura pública o privada, suscriben los otorgantes o algunos de ellos que tienen un interés correspondiente, en orden a que el Ministro de Fe, a quien se hace depositario de dinero o valores por lo general, cumpla con los encargos que se le hacen en tanto ocurra el vencimiento de un plazo o se cumpla una condición según ha quedado determinado por los interesados.

Las instrucciones son llevadas ya preparadas por los suscribientes para ser entregadas al Notario. En otras, son redactadas en el oficio notarial y con la participación activa del oficial público. Esta última práctica permite al Notario hacer las sugerencias que su experiencia y conocimientos le aconsejen como más apropiadas al negocio de que se trata, para evitar en el futuro entrar en interpretaciones.