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Un total de 61 notarías del país ampliaron gratuidad, para trámites de carácter social que realizan pensionadas y pensionados. Conozca la lista con las oficinas adscritas a este beneficio en el siguiente enlace.

En estas últimas semanas, hemos vivido la crisis social más profunda desde el retorno a la democracia. En este escenario, los cuestionamientos a la instituciones públicas y privadas se han visto agudizadas.

El Sistema Notarial y Registral chileno es reconocido, tanto por la seguridad que otorga a las personas, en lo que dice relación con sus decisiones contractuales más significativas; como por la contribución que hace al crecimiento económico del país, en lo relativo al sólido marco jurídico en el que permite desarrollarse.

No obstante, el sistema también ha recibido críticas por aspectos importantes referidos a la calidad del servicio. Y, como directiva del gremio, apoyamos realizar cambios que mejoren nuestra atención a la ciudadanía.

Para ello, se deben crear nuevas notarías que amplíen la cobertura y aumenten la competencia; eliminar una decena de trámites innecesarios -pero que siguen siendo solicitados por instituciones públicas-; potenciar la implementación de tecnologías y fomentar la meritocracia en la elección de notarios y conservadores.

Todas estas reformas deben realizarse, sin embargo, con costo cero para el Estado. De hecho, esta es una de las graves falencias del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. No sólo porque conlleva una carga financiera que el Fisco no tiene en la actualidad, sino, además, porque el valor de implementación real de la normativa será siete veces mayor al cálculo dado a conocer por el gobierno.

Mientras el Ministerio de Justicia estimó esta cifra en $2.100 millones, el gremio presentó estudios de la consultora CEOP, integrada por académicos de la Universidad Católica, y un experto judicial informático, que fijan el monto total inicial de inversión en $16 mil millones. En tanto, el costo en régimen anual del proyecto será cinco veces mayor a lo informado por la cartera de Justicia: Dicho valor alcanzará los $6.300 millones y no $1.300 millones anuales como se ha dicho.

La creación de una figura de un seudonotario, como es el Fedatario Privado, aumenta el riesgo financiero para el fisco, ya que no estarán obligados a vigilar el pago de impuestos que gravan los documentos que autoricen, ni serán solidariamente responsables del pago, labor con la que notarios entregan al fisco US$ 300.000.000 al año. A esto se sumará que el proyecto contempla incrementar de 35 a 70 los fiscales judiciales, número insuficiente para fiscalizar a más de 4.000 ministros de fe que pueda llegar a crear el proyecto de ley.

Asimismo, el proyecto crea tres plataformas a cargo del Registro Civil, -en que se pretenden archivar todas las inscripciones de los conservadores y escrituras de los notarios, con el alto riesgo de seguridad de tan sensible información. Esta iniciativa obligará a que el RC, ya estresado en sus funciones, asuma tareas distintas a su naturaleza, con un costo de implementación de $ 12.704.996.178, y con un valor en régimen anual de $ 3.322.022.304.

No es el momento para distraer los recursos del Estado. Es el momento para dirigirlos a cubrir las demandas sociales más urgentes.

La Tarcera

El gobierno convocó a 17 expertos para discutir la duración de la jornada laboral, lo cual marca la apertura de un espacio positivo. Este es que, cuando se quiere legislar sobre materias sensibles para la ciudadanía, es bueno escuchar opiniones informadas.

El gremio de notarios y conservadores también ha propuesto un camino de diálogo a las autoridades, entre otras cosas, para crear al menos 15 nuevas notarías en la Región Metropolitana.

El gobierno no puede congelar la apertura de notarías, porque las necesidades de población persisten, independientemente de lo que se espere de la tramitación legislativa

La petición se realizó sobre la base de indicadores como la población residente y flotante de cada comuna, y sus actividades financieras y comerciales. El gremio detectó la urgencia de abrir oficios en Cerro Navia, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Florida, Pudahuel, Quilicura, Recoleta, Maipú, Quinta Normal, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia.

El gobierno no sólo ha desoído esta solicitud, sino que en marzo pasado postergó en 30 meses la creación de notarías en aquellos lugares donde más se requieren. En cambio, ha concentrado su atención en la aprobación del proyecto de Ley que modifica el Sistema Notarial. Entre otras razones, porque éste propone un sistema de nombramientos que, lamentablemente, no corrige los defectos del sistema actual ni garantiza que lleguen a los cargos los mejores, sin intervención de los círculos de poder.

La decisión del Ejecutivo resulta perjudicial para la población, ya que mientras se debate la normativa en el Congreso, se puede efectuar un procedimiento para elegir a notarias/os sobre la base de su mérito y trayectoria profesional. Esto, en virtud del auto acordado de la Corte Suprema de 2015, que instruye la realización de concursos para confeccionar ternas con los mejores candidatos.

Un motivo que explica esta decisión es crear, artificialmente, la necesidad de introducir la figura del Fedatario Privado para realizar trámites que hoy efectúan los notarios. Lamentablemente, estos están lejos de cumplir dicho propósito. No sólo porque no tienen obligación de disponer de una oficina abierta al público, sino, además, porque presentan potenciales conflictos de interés, pues, a diferencia de los notarios, podrán seguir ejerciendo libremente como abogados.

Es importante mejorar la cobertura del servicio. Pero la vía para hacerlo es crear nuevas plazas con Ministros de Fe autónomos, un activo reconocido por la propia Fiscalía Nacional Económica: “Es gracias a la autenticidad que estos otorgan a los documentos suscritos ante ellos que se evita la generación de numerosos litigios, cumpliendo así una labor complementaria al juez y dotando de seguridad jurídica a distintos actos y contratos”, dice su minuta de 2017.

Más allá de la legítima discusión que se da en el Congreso, el Ejecutivo no puede congelar la apertura de notarías, porque las necesidades de la población siguen existiendo, independiente de las expectativas del Gobierno sobre el resultado de la tramitación legislativa.

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Mauricio Astudillo se refirió al proyecto que reforma el sistema notarial y afirmó que “el Gobierno le ha puesto suma urgencia a la modificación de un sistema que los propios parlamentarios han dicho que no está en crisis”.

La comisión de Constitución despachó el proyecto que reforma el sistema notarial, el que quedó en condiciones de seguir su tramitación en la Cámara de Diputados. La iniciativa, sin embargo, no es bien vista por la Asociación de Notarios, quienes temen una judicialización.

En entrevista con CNN Chile, el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Mauricio Astudillo, explicó que “no es que nos preocupe si más o menos trámites se hacen ante notarios; lo que nos preocupa es que los trámites que sí necesitan hacerse ante notario, esos sí queden en la esfera notarial y no se añada inseguridad a los ciudadanos, porque eso se traduce en judicializar los problemas“.

Astudillo sostuvo que “dentro de los 49 trámites que se eliminaban, 22 de ellos decían relación con la imposibilidad de ser otorgados por escritura pública. Se estaba impartiendo casi una orden a las personas, una prohibición de otorgar por escritura pública determinados trámites. Y algunos de ellos eran muy importantes”.

También señaló que desde la asociación pidieron al Gobierno “dar aplicación a dos normas legales de antigua data; una de los años ’80 y la otra de los años ’90, que permiten sacar de la esfera de los notarios determinadas actuaciones y eso se puede lograr simplemente instruyendo a los servicios públicos”.

Y explicó: “Por ejemplo, si van a hacer un trámite ante un servicio público y el funcionario le dice ‘necesito una fotocopia de su carnet legalizada’, no es obligación que esa persona vaya a la notaría. La normativa dice que el propio funcionario que está pidiendo ese documento puede obtener la fotocopia y certificarla”.

“Eso es simplificar la vida de las personas y eso se podría hacer desde ya por parte del Gobierno, sin embargo, no lo hacen”, afirmó.

Astudillo criticó que “el Gobierno le ha puesto suma urgencia a la modificación de un sistema que los propios parlamentarios han dicho que no está en crisis, incluso la Fiscalía Nacional Económica, incluso los mensajes presidenciales que se han enviado con otros proyectos, han dicho que funciona, que es eficiente”.

Sin embargo, también aclaró que “eso no quiere decir que no necesite modificación, modernización, mejoramiento, con los cuales estamos de acuerdo. El tema está en que eso debe hacerse con la debida ponderación”.

POR CNN CHILE

Con la presencia del Rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se dio inicio al Seminario Internacional  Modernización del Sistema Notarial y Registral Chileno, efectuado en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, entre los  días jueves 6  y  7 de junio.

Ante una concurrida asistencia,intervino el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales,  Mauricio Astudillo, quien expuso sobre el tema “Proposiciones y Objeciones técnicas para la Reforma al Sistema Notarial y Registral”.

Asimismo, el Vicepresidente del gremio, Alfredo Martin, se refirió a “La Justicia Preventiva en el Notariado Latino y sus diferencias con el Notariado Sajón”.

En el panel inaugural estuvo presente el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa Santa Cruz, quien se explayó acerca de la normativa que se debate en el Parlamento.

La actividad académica contó con la participación de destacados invitados extranjeros y expertos chilenos en el tema, quienes analizaron, tanto las fortalezas y desafíos del sistema auxiliar de justicia, como el proyecto de ley que se tramita actualmente  en la Cámara de Diputados.

Entre los expositores extranjeros participaron el Profesor de la Universidad de Barcelona y ex Decano del Colegio de Registradores de España, Fernando Méndez; el Delegado para  Iberoamérica del Colegio de Registradores, Sergio Saavedra, y  el Decano del Colegio de Decanos de Canarias y Consejero de España de la Unión del Notariado Latino, Alfonso Cavalle.

Asimismo,  intervinieron la Vicedecana de la Facultad de Derecho de la UC, Carmen Domínguez; el abogado integrante de la Corte Suprema y Profesor de la Universidad de Concepción, Daniel Peñailillo; el Vicepresidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara;  el Profesor de Derecho Privado de la UC, Jaime Alcalde; la abogada y Profesora de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, Claudia Bahamondes; el abogado de la Universidad de Chile y profesor de la Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Barrientos; el abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica, José Pedro Silva; el Profesor de Derecho Registral de la Universidad Central de Chile, Marco Antonio Sepúlveda; el Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes, Franco Rosso; la abogada y Socia de CMS Carey & Allende,  Pabla Gainza; el Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, Guillermo Caballero; la profesora de Derecho Público de la Universidad San Sebastián, Tatiana Celume, y el Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia.

El Senado deberá someter a votación la elección de la nueva candidata que propuso el gobierno para integrar la Corte Suprema. Esto, luego que el propio Ejecutivo retirara el nombre de su anterior postulante a la alta magistratura, en medio de acusaciones cruzadas sobre gestiones que  habría realizado para el nombramiento de un notario interino.

La polémica puso en el tapete el mecanismo de nominación de todos los integrantes del Poder Judicial, entre los que se encuentran notarios y conservadores de bienes raíces.

Pero más allá de esta controversia, el mencionado episodio hace ver la urgencia de revisar la solución que propone a futuro el proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral y que, contrariamente a lo que el gobierno ha hecho creer, no resuelve la falta de transparencia y discrecionalidad en los nombramientos de quienes desempeñaran esta función.

La normativa no elimina la facultad privativa que tienen las autoridades respectivas, para designar a determinadas personas como notarios. El texto otorga a la Corte de Apelaciones el poder de confeccionar una terna, a partir de los diez candidatos que obtuvieron los mejores puntajes en los exámenes de evaluación. Esto es un avance insuficiente y mezquino, porque reduce, pero no elimina la discrecionalidad en la elección de los tres postulantes finales.

No obstante, el mayor riesgo para garantizar la meritocracia lo constituye el rol del Consejo Resolutivo de Nombramientos, que crea el proyecto de ley, porque mantiene un criterio arbitrario en la elección de quien ocupará el cargo de notario. Lo anterior, con el agravante que el Ministro de Justicia de turno tiene el voto dirimente en caso de producirse un empate entre los integrantes de la terna.

Como la normativa eliminó la carrera funcionaria para notarios y conservadores, esto redundará en que cualquier abogado, sin experiencia y con buenas conexiones en las esferas de poder, pueda optar, inclusive, a las plazas  más importantes y estratégicas para el país. Es decir, se puede entrar “saltando por la ventana”.

Lamentablemente, en esta materia se está legislando en un sentido contrario al que se hace en muchos países desarrollados, donde se ha resuelto que la elección de los notarios sea sólo por la vía de una evaluación objetiva de su idoneidad para ejercer el cargo.

Como se ha hecho en estos países, en Chile debiera  facultarse a un organismo especializado, como es, por ejemplo, la Academia Judicial, para realizar los exámenes de conocimiento y ponderar las aptitudes profesionales y trayectoria personal de quienes postulen al cargo de notario. Y debiera ser elegida/o la candidata o el candidato que obtenga el mayor puntaje en el concurso. Así de simple y claro. De esta manera, se evitará la discrecionalidad y, en consecuencia, el amiguismo, nepotismo y el tráfico de influencias.

Respecto de la elección de los cargos interinos (caso que desató la reciente polémica), hoy corresponde al Presidente de la Corte de Apelaciones o al Juez de Letras respectivo. Uno de los problemas de estos nombramientos es que dependen de la mera voluntad de la autoridad facultada, sin que exista obligación, por ejemplo, de verificar la trayectoria y los méritos profesionales de la persona a designar. El proyecto de ley tampoco resuelve el problema. Solo hace exigible el examen habilitante, pero mantiene el sistema de elección.

El perfeccionar el sistema notarial y registral es responsabilidad de todos los poderes del Estado. Sólo de esta forma podremos superar la crisis de confianza que viven muchas de las instituciones públicas y privadas en Chile. 

Según cifras oficiales a diciembre de 2017, el total de créditos de consumo otorgados por los bancos asciende a $ 18.758 millones de pesos, que han servido para financiar compras, educación, mejora de hogares, repactaciones de deudas, etc.

Notarios y conservadores, bajo su responsabilidad y como ministros de fe, son los que autorizan los documentos que se exigen para otorgar un crédito.

Notarios y conservadores cumplen una importante labor en las elecciones populares, ya sea integrando las Juntas Electorales y actuado como secretarios de ellas, integrando los Colegios Escrutadores y desempeñando la labor de Delegados en los locales de votación.

Esto constituye un trabajo gratuito para el Estado y para la comunidad y que notarios y conservadores realizan con gran satisfacción,
conscientes de su papel en el fortalecimiento de la democracia.

Si acotamos a un mes el total de los trabajos, nombramientos de vocales, revisión e instalación de locales de votación, reuniones de coordinación, etc. y consideramos el valor hora-hombre de un abogado, tenemos que sólo notarios y conservadores representan un ahorro para el Estado de más de $ 600.000.000, en cada acto electoral.

Los costos que asumen notarios y conservadores, tomando en consideración las suplencias, pago de personal asesor, es de aproximadamente $330.000.000 ($250.000.000 pago suplencias y otros como almuerzos, bencina, etc. y $ 80.000.000 en asesores e infraestructura).