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Mauricio Astudillo se refirió al proyecto que reforma el sistema notarial y afirmó que “el Gobierno le ha puesto suma urgencia a la modificación de un sistema que los propios parlamentarios han dicho que no está en crisis”.

La comisión de Constitución despachó el proyecto que reforma el sistema notarial, el que quedó en condiciones de seguir su tramitación en la Cámara de Diputados. La iniciativa, sin embargo, no es bien vista por la Asociación de Notarios, quienes temen una judicialización.

En entrevista con CNN Chile, el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Mauricio Astudillo, explicó que “no es que nos preocupe si más o menos trámites se hacen ante notarios; lo que nos preocupa es que los trámites que sí necesitan hacerse ante notario, esos sí queden en la esfera notarial y no se añada inseguridad a los ciudadanos, porque eso se traduce en judicializar los problemas“.

Astudillo sostuvo que “dentro de los 49 trámites que se eliminaban, 22 de ellos decían relación con la imposibilidad de ser otorgados por escritura pública. Se estaba impartiendo casi una orden a las personas, una prohibición de otorgar por escritura pública determinados trámites. Y algunos de ellos eran muy importantes”.

También señaló que desde la asociación pidieron al Gobierno “dar aplicación a dos normas legales de antigua data; una de los años ’80 y la otra de los años ’90, que permiten sacar de la esfera de los notarios determinadas actuaciones y eso se puede lograr simplemente instruyendo a los servicios públicos”.

Y explicó: “Por ejemplo, si van a hacer un trámite ante un servicio público y el funcionario le dice ‘necesito una fotocopia de su carnet legalizada’, no es obligación que esa persona vaya a la notaría. La normativa dice que el propio funcionario que está pidiendo ese documento puede obtener la fotocopia y certificarla”.

“Eso es simplificar la vida de las personas y eso se podría hacer desde ya por parte del Gobierno, sin embargo, no lo hacen”, afirmó.

Astudillo criticó que “el Gobierno le ha puesto suma urgencia a la modificación de un sistema que los propios parlamentarios han dicho que no está en crisis, incluso la Fiscalía Nacional Económica, incluso los mensajes presidenciales que se han enviado con otros proyectos, han dicho que funciona, que es eficiente”.

Sin embargo, también aclaró que “eso no quiere decir que no necesite modificación, modernización, mejoramiento, con los cuales estamos de acuerdo. El tema está en que eso debe hacerse con la debida ponderación”.

POR CNN CHILE

Con la presencia del Rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se dio inicio al Seminario Internacional  Modernización del Sistema Notarial y Registral Chileno, efectuado en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, entre los  días jueves 6  y  7 de junio.

Ante una concurrida asistencia,intervino el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales,  Mauricio Astudillo, quien expuso sobre el tema “Proposiciones y Objeciones técnicas para la Reforma al Sistema Notarial y Registral”.

Asimismo, el Vicepresidente del gremio, Alfredo Martin, se refirió a “La Justicia Preventiva en el Notariado Latino y sus diferencias con el Notariado Sajón”.

En el panel inaugural estuvo presente el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa Santa Cruz, quien se explayó acerca de la normativa que se debate en el Parlamento.

La actividad académica contó con la participación de destacados invitados extranjeros y expertos chilenos en el tema, quienes analizaron, tanto las fortalezas y desafíos del sistema auxiliar de justicia, como el proyecto de ley que se tramita actualmente  en la Cámara de Diputados.

Entre los expositores extranjeros participaron el Profesor de la Universidad de Barcelona y ex Decano del Colegio de Registradores de España, Fernando Méndez; el Delegado para  Iberoamérica del Colegio de Registradores, Sergio Saavedra, y  el Decano del Colegio de Decanos de Canarias y Consejero de España de la Unión del Notariado Latino, Alfonso Cavalle.

Asimismo,  intervinieron la Vicedecana de la Facultad de Derecho de la UC, Carmen Domínguez; el abogado integrante de la Corte Suprema y Profesor de la Universidad de Concepción, Daniel Peñailillo; el Vicepresidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara;  el Profesor de Derecho Privado de la UC, Jaime Alcalde; la abogada y Profesora de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, Claudia Bahamondes; el abogado de la Universidad de Chile y profesor de la Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Barrientos; el abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica, José Pedro Silva; el Profesor de Derecho Registral de la Universidad Central de Chile, Marco Antonio Sepúlveda; el Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes, Franco Rosso; la abogada y Socia de CMS Carey & Allende,  Pabla Gainza; el Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, Guillermo Caballero; la profesora de Derecho Público de la Universidad San Sebastián, Tatiana Celume, y el Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia.

El Senado deberá someter a votación la elección de la nueva candidata que propuso el gobierno para integrar la Corte Suprema. Esto, luego que el propio Ejecutivo retirara el nombre de su anterior postulante a la alta magistratura, en medio de acusaciones cruzadas sobre gestiones que  habría realizado para el nombramiento de un notario interino.

La polémica puso en el tapete el mecanismo de nominación de todos los integrantes del Poder Judicial, entre los que se encuentran notarios y conservadores de bienes raíces.

Pero más allá de esta controversia, el mencionado episodio hace ver la urgencia de revisar la solución que propone a futuro el proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral y que, contrariamente a lo que el gobierno ha hecho creer, no resuelve la falta de transparencia y discrecionalidad en los nombramientos de quienes desempeñaran esta función.

La normativa no elimina la facultad privativa que tienen las autoridades respectivas, para designar a determinadas personas como notarios. El texto otorga a la Corte de Apelaciones el poder de confeccionar una terna, a partir de los diez candidatos que obtuvieron los mejores puntajes en los exámenes de evaluación. Esto es un avance insuficiente y mezquino, porque reduce, pero no elimina la discrecionalidad en la elección de los tres postulantes finales.

No obstante, el mayor riesgo para garantizar la meritocracia lo constituye el rol del Consejo Resolutivo de Nombramientos, que crea el proyecto de ley, porque mantiene un criterio arbitrario en la elección de quien ocupará el cargo de notario. Lo anterior, con el agravante que el Ministro de Justicia de turno tiene el voto dirimente en caso de producirse un empate entre los integrantes de la terna.

Como la normativa eliminó la carrera funcionaria para notarios y conservadores, esto redundará en que cualquier abogado, sin experiencia y con buenas conexiones en las esferas de poder, pueda optar, inclusive, a las plazas  más importantes y estratégicas para el país. Es decir, se puede entrar “saltando por la ventana”.

Lamentablemente, en esta materia se está legislando en un sentido contrario al que se hace en muchos países desarrollados, donde se ha resuelto que la elección de los notarios sea sólo por la vía de una evaluación objetiva de su idoneidad para ejercer el cargo.

Como se ha hecho en estos países, en Chile debiera  facultarse a un organismo especializado, como es, por ejemplo, la Academia Judicial, para realizar los exámenes de conocimiento y ponderar las aptitudes profesionales y trayectoria personal de quienes postulen al cargo de notario. Y debiera ser elegida/o la candidata o el candidato que obtenga el mayor puntaje en el concurso. Así de simple y claro. De esta manera, se evitará la discrecionalidad y, en consecuencia, el amiguismo, nepotismo y el tráfico de influencias.

Respecto de la elección de los cargos interinos (caso que desató la reciente polémica), hoy corresponde al Presidente de la Corte de Apelaciones o al Juez de Letras respectivo. Uno de los problemas de estos nombramientos es que dependen de la mera voluntad de la autoridad facultada, sin que exista obligación, por ejemplo, de verificar la trayectoria y los méritos profesionales de la persona a designar. El proyecto de ley tampoco resuelve el problema. Solo hace exigible el examen habilitante, pero mantiene el sistema de elección.

El perfeccionar el sistema notarial y registral es responsabilidad de todos los poderes del Estado. Sólo de esta forma podremos superar la crisis de confianza que viven muchas de las instituciones públicas y privadas en Chile. 

Según cifras oficiales a diciembre de 2017, el total de créditos de consumo otorgados por los bancos asciende a $ 18.758 millones de pesos, que han servido para financiar compras, educación, mejora de hogares, repactaciones de deudas, etc.

Notarios y conservadores, bajo su responsabilidad y como ministros de fe, son los que autorizan los documentos que se exigen para otorgar un crédito.

Notarios y conservadores cumplen una importante labor en las elecciones populares, ya sea integrando las Juntas Electorales y actuado como secretarios de ellas, integrando los Colegios Escrutadores y desempeñando la labor de Delegados en los locales de votación.

Esto constituye un trabajo gratuito para el Estado y para la comunidad y que notarios y conservadores realizan con gran satisfacción,
conscientes de su papel en el fortalecimiento de la democracia.

Si acotamos a un mes el total de los trabajos, nombramientos de vocales, revisión e instalación de locales de votación, reuniones de coordinación, etc. y consideramos el valor hora-hombre de un abogado, tenemos que sólo notarios y conservadores representan un ahorro para el Estado de más de $ 600.000.000, en cada acto electoral.

Los costos que asumen notarios y conservadores, tomando en consideración las suplencias, pago de personal asesor, es de aproximadamente $330.000.000 ($250.000.000 pago suplencias y otros como almuerzos, bencina, etc. y $ 80.000.000 en asesores e infraestructura).

El sistema registral cumple un función clave al momento de comprar un inmueble. Las personas no tienen que contratar seguros ante el riesgo de perder la propiedad por aparecer alguien con un mejor derecho, ni deben contratar servicios que estén vigilando periódicamente si la propiedad sigue o no a nombre del propietario.

En el sistema sajón, en cambio, es indispensable contratar, entre otros, el seguro de título, que corresponde, por lo general, al 1% del
valor de la propiedad.

Si consideramos una compraventa al contado, para que sea más sencillo el cálculo, de una propiedad de un valor de 70 millones de pesos (UF 2.550 aprox.), en la notaría pagará un 1 por mil, más las copias, $ 90.000 aprox. y en el conservador un máximo de $ 210.000, lo que da un total de $ 300.000. Por el solo seguro de título en el sistema sajón, se debe pagar $700.000, esto es, por este sólo concepto, más del doble.

Considerando 300.000 compraventas al año, el ahorro que obtienen las personas por el sólo seguro de título en el sistema chileno es de aproximadamente, 180 millones de dólares, esto es, 120 mil millones de pesos.

En materia registral, en Chile se paga un máximo del 3 por mil del valor de la compraventa, con un tope de cálculo de 128 millones de pesos, estos es 384 mil pesos, que se pagan por una sola vez.

Sin considerar las otras muchas actuaciones notariales y registrales, el ahorro para las personas asciende a una cifra aproximada de 290
millones de dólares, anualmente.

Uno de los mayores costos de la actividad económica es el riesgo y mientras más caro sea cubrir ese riesgo, habrá menos actividad económica y mientras más barato sea cubrirlo, entonces habrá mayor actividad económica. Cuando notarios y conservadores, a un bajo costo, están entregando seguridad y actuando en el campo de la justicia preventiva, están precisamente reduciendo el riesgo y haciendo un importante aporte a incentivar la actividad económica.

En Chile se otorgan más de 200.000 créditos hipotecarios al año, con tasas muy bajas, lo que permite a muchas personas acceder a dicho crédito. Las tasas de interés se asocian al riesgo que en este caso es muy bajo, dada la seguridad que genera a las entidades bancarias y financieras la labor notarial y registral en cuanto a la constitución, seguridad y debido resguardo de las garantías hipotecarias.

En países vecinos, por ejemplo, cerca de 10 de cada 100 propiedades se adquiere con crédito hipotecario, en Chile 80 de cada 100. Todo esto se traduce en un beneficio de la mayor importancia para que los chilenos adquieran, en condiciones financieras muy razonables y ventajosas, su vivienda propia.

Los créditos no inmobiliarios o de consumo, en tanto, funcionan en base a la garantía que entrega el notario, al intervenir, bajo su total su responsabilidad, en la autorización de los documentos que respaldan y posibilitan el crédito.

En el proceso de otorgamiento de los créditos hipotecarios, el sistema notarial y registral es el que da la debida seguridad y certeza necesarias para su correcto funcionamiento.

Es función de notarios y conservadores vigilar y retener el pago de impuestos. Además, son responsables solidario de su pago. Anualmente, se retienen y pagan al Fisco, sin costo alguno para éste, aproximadamente US$ 150.000.000. Igualmente, se fiscaliza el pago de los impuestos provenientes de los créditos hipotecarios, que ascienden, considerando un valor promedio de UF 2.000 por cada vivienda, a más de US$200.000.000, anuales, también sin costo alguno para el Fisco.

Esta actividad gratuita de notarios y conservadores, implica, en la práctica, que todos los actos y contratos que se extienden ante ellos y que son gravados por diferentes impuestos, sean efectivamente, calculados, pagados e ingresados a arcas fiscales.